En una nota, el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa considera la condena a 26 años de cárcel de monseñor Álvarez «una grave herida tanto a las relaciones entre la Iglesia y el gobierno del país, como al Estado de Derecho» y pide a todos los obispos europeos que denuncien esta violación ante sus gobiernos. La Iglesia, recuerda, no quiere otra cosa «que contribuir al bienestar del país en el que sirve».