Esta normativa sustituye a la de 2023 para responder a la necesidad de «tener en cuenta nuevas exigencias de gobierno y algunas importantes modificaciones normativas introducidas en los últimos años». El nuevo texto incorpora en una única ley la reforma introducida mediante el Motu Proprio de noviembre de 2025, relativa a la presidencia de la Pontificia Comisión, que ya no está reservada exclusivamente a los cardenales.